La iniciativa del Gobierno incluye la petición de medidas cautelares para evitar que ambas formaciones puedan concurrir a los comicios del próximo 9 de marzo.

De Fuentes Bardají llegó a la sede del Tribunal Supremo poco antes de las dos de la tarde portando cuatro cajas que contenían las dos demandas, de unos ochenta folios cada una, y la documentación con las pruebas en las que éstas se basan.

A su salida del alto tribunal, el responsable de los Servicios Jurídicos del Estado señaló que las demandas se fundan en “la existencia de dependencias funcionales y orgánicas con la ilegalizada Batasuna, basadas en los documentos aportados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y por otros documentos remitidos por el Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional”, en referencia a la investigación penal del juez Baltasar Garzón sobre ambas formaciones.

De Fuentes considera acreditado que hay una “sucesión política” de Batasuna. Sobre las medidas cautelares, señaló que van encaminadas a que “se paralice la entrega de cualquier caudal público derivado al partido”.

PCTV usó a Batasuna para esconder sus fondos

El envío de elevadas cantidades de dinero desde cuentas del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) a personas del entorno de ETA/Batasuna obedecía “al temor de una eventual decisión judicial de suspender las actividades de esta formación”, según defiende el abogado del Estado en la demanda de ilegalización. El estudio de las cuentas muestra un patrón dirigido a la descapitalización del PCTV.