El sumario responde a la presentación de una denuncia de la Fiscalía de Murcia por presunta gestión irregular en la citada comunidad de regantes cuando era presidida por José Joaquín García Yelo. Según las mismas fuentes, el registro, en el que participaron más de una decena de agentes de la Guardia Civil comenzó a primera hora de la mañana.

Tras llegar a la sede, situada en el paraje Casa Alcántara, la Guardia Civil tuvo que localizar a uno de los empleados de la sede, que cuenta con tres trabajadores, que en esos momentos no se encontraba en su puesto de trabajo.

Los agentes se incautaron de gran cantidad de documentación y se desconoce si a consecuencia del registro la Guardia Civil practicará detenciones.

Fuentes de la investigación señalaron a Efe que, que además de la veintena de agentes llegados a la sede de la Comunidad, en el paraje Casa Alcántara, durante la mañana se incorporaron pasadas las dos del mediodía otras dos patrullas de Guardia Civil con abundante material para almacenar la documentación requerida en la investigación.

García Yelo fue presidente de la Comunidad de Regantes desde 1981 hasta 2006, y durante 25 años fue también el máximo responsable del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS).

Las mismas fuentes han explicado que se trata de “un conflicto entre agricultores y regantes” y que el agua ha provocado numerosas manifestaciones sobre todo en épocas de sequía. Esta comunidad general está integrada por tres organizaciones, la que explotaba el agua de los usuarios del Sindicato de Regantes del Tajo-Segura, más otras dos, la denominada Motor Resurrección (1912) y el Grupo 1485, estas últimas con concesiones de la cuenca.

Hace ya años, parte de los comuneros comenzaron a presentar reclamaciones ante la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) por gestión irregular de la citada comunidad de regantes, en unos casos, según las fuentes consultadas por Efe, porque se les cobraba el agua de la cuenca a precio de trasvase, tres veces más cara.

Estos agricultores de Blanca y Abarán, hasta el año hidrológico 2004-05, pensaban que tenían adjudicados seis millones de metros cúbicos para regar y a mediados de junio de 2005, y en plena sequía, se enteraron de que habían consumido la cantidad asignada para todo el año hidrológico, que acaba en septiembre, por lo que el motor que eleva el líquido a las zonas regables había sido precintado por la CHS.

Ante las manifestaciones de protesta, responsables locales y de la gestión del agua tanto regionales como nacionales "consiguieron aflorar" otros 2 millones de metros cúbicos que “hasta entonces los comuneros desconocían que era parte de su dotación o derecho de riego”.

Los regantes tuvieron agua todo el verano y al final del año hidrológico todavía les habían sobrado unos 300.000 hectómetros cúbicos.