El fiscal coordinador de riesgos laborales del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV), Jaime Gil, ha señalado hoy que las deficiencias detectadas en la panificadora de Real de Gandia, donde un trabajador boliviano perdió su brazo izquierdo, podrían ser "constitutivas de infracciones penales".

El fiscal se ha reunido hoy con representantes del sindicato CCOO, que ha presentado una denuncia por este suceso, y en declaraciones posteriores a la misma ha comentado que "más que un accidente laboral", podría ser un "delito laboral".

Entre otras irregularidades, según las investigaciones realizadas hasta el momento, se ha detectado que los sistemas de bloqueo de las máquinas estaban "puenteados".

Además, según el secretario de salud laboral de CCOO-PV, Juan Martínez, los trabajadores carecían de formación para la labor que desempeñaban.

"En un principio, a expensas de posteriores estudios, parecen -las deficiencias- constitutivas de infracciones de carácter penal", ha manifestado el fiscal.

Al parecer, según las investigaciones realizadas hasta el momento, en la panificadora trabajaban otros seis inmigrantes en situación irregular, algunos de los cuales ya han sido identificados.

Además de las "importantes irregularidades" detectadas en las instalaciones, también se han observado "falta de medidas higiénicas", que ya han sido puestas en conocimiento de la Conselleria de Sanidad.

Gil ha asegurado que, ante la gravedad del caso, estará presente el próximo jueves en las declaraciones de los propietarios de la panificadora ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Gandia, en la que también estará la fiscal encargada de la investigación.

En este sentido ha advertido a los "malos empresarios" que la Fiscalía "siempre" estará frente a ellos y actuará con el "máximo rigor".