Segado admitió ayer que la profusión de impresos recibidos en relación con San Antón, la mayor parte cuestionando esta reforma, debe llevar a un replanteamiento de ese proyecto. “Algo parecido ha ocurrido en Los Mateos y Santa Lucía, aunque el volumen de misivas ha sido menor. Del primer barrio se han recibido 318 y del segundo, 180”, apuntó el edil. También en estas zonas se prevé un aumento de alturas hasta una docena de pisos en la fachada marítima y alrededor de seis hacia el interior.

Se trata de las tres zonas con estructura urbana de pueblo para las que el planeamiento proponía una fisonomía lo más parecida a una ciudad.

Entre el resto de recomendaciones recibidas destacan las referidas al Plan de Ordenación de Recursos Naturales de la Zona Oeste, en apoyo, en su mayor parte, de la iniciativa de respetar la intención de la Administración regional de ‘legalizar’ las construcciones irregularmente construidas allí.

Segado presumió de que el plan, una vez se apruebe “servirá para ordenar el desarrollo urbano de los próximos 25 años” a partir de la legitimidad que le concederá “el elevadísimo grado de transparencia en su redacción” y la participación ciudadana por medio de alegaciones. “Me he reunido con un centenar de colectivos diferentes, con algunos en más de una ocasión”, apuntó Segado y añadió que en los tres meses de exposición pública el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy ha recibido 45.000 visitas. “También ha habido 35.000 entradas en la web del plan”, añadió.

Desde una genérica postura de consenso con el PSOE sobre el Plan General, Joaquín Segado aprovechó ayer para cuestionar “que los socialistas pidan cosas, como la creación de infraestructuras, que no son abordables en un plan de este tipo. Lo que sí podemos hacer y hemos hecho es prever el suelo necesario para hacerlas”, apuntó.

Uno de los aspectos polémicos que se mantienen en el avance del Plan General Municipal de Ordenación Urbana es la negativa a aplicar la Ley de Costas como propone el Ministerio de Medio Ambiente, es decir, salvaguardando como zona de dominio marítimo una franja de 80 metros de anchura incluso en los núcleos urbanos consolidados antes de la aprobación de la ley. “Esto afectaría a cientos de personas con viviendas construidas hace muchas décadas, fundamentalmente en La Chapineta y La Azohía”, apuntó el concejal de Urbanismo, Joaquín Segado. Subrayó que el avance del plan cuenta con el respaldo de alrededor de 170 escritos sobre este particular. El problema se producirá cuando, tras la aprobación inicial, sea necesario seguir las exigencias de la Demarcación de Costas en el informe de carácter vinculante que debe preceder a la aprobación del texto definitivo. “Por eso, queremos colaborar con el PSOE, para que nos ayude a negociar con Costas la aplicación de la ley”, apuntó. Esta aplicación ya se encuentra en cuestión, en sede judicial, en el caso de una zona de viviendas en Mar de Cristal, al borde del Mar Menor.