El expediente adopta la forma de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción. Si en un plazo de dos meses las autoridades españolas no han corregido la situación, el caso podría acabar ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

El comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, se declaró "muy preocupado" por el hecho de que "en un Estado miembro donde el agua es un recurso escaso y precioso, un gran número de localidades vierten a los ríos y al mar, incluso en zonas sensibles, aguas residuales que no han sido tratadas correctamente". "Pido a España que adopte medidas inmediatas para remediar esta situación", dijo.

En concreto, el Ejecutivo comunitario ha lanzado sendos ultimátum a España en dos casos similares de vulneración de la directiva de 1991 sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas.

En el primero de los casos, la Comisión estima que 343 localidades españolas vierten aguas residuales urbanas que no han sido tratadas adecuadamente en zonas ya clasificadas como sensibles o susceptibles de serlo. Ello supone una vulneración de la directiva, que exige que las localidades de más de 10.00 habitantes que viertan aguas residuales en zonas ecológicamente sensibles se doten de un sistema de depuración que responda a las normas de calidad más estrictas como muy tarde en 1998.

Un estudio de Bruselas confirma igualmente que seis zonas potencialmente sensibles todavía no han sido designadas y que una zona de Cantabria clasificada como menos sensible no satisface a las exigencias de la directiva.

El segundo expediente se refiere al incumplimiento de la directiva en las ciudades. Según esta norma, las zonas urbanas de más de 15.000 habitantes debían disponer de un sistema de tratamiento de agua adecuado como muy tarde a finales de 2000. Bruselas considera que 59 de estas ciudades no han respetado esta disposición.

Si España no resuelve estos problemas de manera satisfactoria en un plazo de dos meses, la Comisión llevará el caso ante el TUE.