‘Actitudes hacia el Estado del Bienestar’, basado en 2.500 entrevistas, refleja que el empleo y el acceso a la vivienda son los temas más relevantes para más de la mitad de la población, seguido de las pensiones (9,7 por ciento), la sanidad (8,5) y la educación (5,2).

Inquietudes relativas
Más lejos se sitúan las inquietudes relativas a la integración de los inmigrantes (4,1%), la situación de los mayores (3,5%), la igualdad entre sexos en el trabajo y en el hogar (2,0%), los problemas medioambientales y las desigualdades sociales (3,7 por ciento).

En otro orden de cosas, existe una opinión muy extendida de que el ciudadano se beneficia poco o nada de lo que paga al Estado en impuestos y cotizaciones, en total un 64,3 por ciento, frente a un tercio que sostiene la opinión contraria.

Igualmente, el 61 por ciento de los consultados cree que recibe menos del Estado de lo que paga, un 27 por ciento considera que “más o menos” lo mismo y un 4,5 por ciento que más de lo que abona. Respecto a los servicios públicos que mejor funcionan, la asistencia sanitaria en centros de salud (58 por ciento) y en hospitales públicos (55,9 por ciento), la policía (52,5) y la enseñanza pública (43,9) ocupan los primeros puestos del “medallero”.

Peor puntuación obtienen la gestión de las pensiones (32,5), la gestión del subsidio de desempleo y los servicios sociales (34,3).

El estudio del CIS revela también que casi la mitad de los ciudadanos cree que se invierte “demasiado poco” en vivienda, pensiones, sanidad, justicia, enseñanza, seguridad ciudadana, medio rural, protección del medio ambiente y también en servicios sociales.

En el caso de que las administraciones se vieran obligadas a recortar gastos, los españoles no aceptarían de ninguna manera que ello repercutiera en la enseñanza, la sanidad, las pensiones, los servicios sociales y la seguridad ciudadana.

Y un abultado porcentaje (41,6) estaría de acuerdo en que el “tijeretazo” se le diera a los gastos en defensa y obras públicas e infraestructuras (23,1%).

Por otro lado, siete de cada diez españoles suscriben la frase de que el Estado debe ser el responsable del bienestar de todos, mientras que un 15 por ciento opina que sólo debe hacerse cargo de los más desfavorecidos.