“La respuesta tiene que ser pronta porque tenemos el curso académico siguiente en ciernes; puedo asegurar que el acuerdo se dará en plazo”, manifestó la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia.

titular de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera.

En conferencia de prensa conjunta, ambas se han referido a la propuesta que el anterior Ministerio de Educación y Ciencia presentó a las comunidades, en diciembre pasado, para que se ofrezcan al menos 2.000 nuevas plazas de primero en el plazo de cinco años, hasta llegar a las 7.000 en total, es decir un 40 por ciento más que ahora.

El incremento sería gradual, año a año, y se podría decidir también la fundación de nuevas facultades a la vista de los informes de necesidades que presenten las consejerías autonómicas.

Preguntada por la oposición de algunos sectores a la apertura "indiscriminada" de nuevas facultades, Garmendia ha respondido que se aplicarán criterios de "profunda reflexión" sobre las necesidades reales y se tendrá en cuenta la opinión de decanos, rectores, incluso de estudiantes, entre otros agentes, con el fin de ajustar las previsiones con la "mayor exactitud".

Cabrera ha indicado que la propuesta del Gobierno en la última Conferencia General de Política Universitaria, presidida por ella misma, "no se hizo sobre la nada", sino a partir de informes, como uno de la Universidad de Las Palmas.

"Formar a un médico cuesta diez años, y hay que prever las necesidades de profesionales con ese plazo", ha precisado, al mismo tiempo que ha reconocido que hay opiniones diversas, que "serán debatidas".

Educación y las CCAA acordaron ya aumentar las plazas de Medicina de primero en los cursos 2006-2007 y 2007-2008, después años de restricciones por el "numerus clausus".

En los dos últimos años, la oferta de plazas ha pasado de unas 4.400 a 5.000, lo que ha supuesto un incremento del 15 por ciento, según datos oficiales.

Un mes después de tomar posesión, Cabrera y Garmendia se han entrevistado por vez primera, en el Ministerio de Educación, para abrir una serie de contactos entre los dos departamentos sobre asuntos de competencia común según criterios de "coordinación y eficacia" tras la nueva estructura ministerial del Gobierno.

Uno de esos temas es la reforma de la prueba de selectividad, que entrará en vigor en el curso 2009-2010, y que Cabrera ha relacionado con la flexibilización del nuevo Bachillerato, que lo acerca a la educación universitaria, ha dicho.

En cuanto a Educación para la Ciudadanía, Cabrera ha sugerido que el recurso de la Abogacía del Estado contra la sentencia del TSJA que anula algunos contenidos de la asignatura en Andalucía podría orientarse como el voto particular de dos de los cinco magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

Tal voto discrepante sostiene que la materia defiende "los valores que inspiran la convivencia en una sociedad democrática" y que "la libertad ideológica y religiosa del recurrente no puede llevar a que pueda determinar, conforme a sus creencias, el contenido o modelo del sistema educativo". EFE

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